Abogados Penalistas

Un abogado penalista es un abogado especializado en la rama del derecho que trata asuntos considerados por la legislación de un país como delitos y que, por tanto, pueden ser castigados por la justicia con imposición de distintos tipos de penalidades, desde una amonestación o una restricción hasta el encarcelamiento, y en algunos casos la imposición de multas o acciones de reparación frente a las personas que han sido víctimas de una conducta criminal. Excepcionalmente algunos países llegan a considerar la pena capital (o pena de muerte) para ciertos delitos.

En general, el derecho penal se define como la rama del derecho que establece y regula el castigo de crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas. Los abogados penalistas son los especialistas en el derecho penal. Tanto las conductas consideradas como delitos, como las penas que se aplican a quienes incurren en ellas, están indicadas en las leyes y los códigos de cada nación.

Los abogados penalistas se especializan en las labores de acusación o defensa de personas o entidades comprometidas en conductas que la justicia de un país determina como delictivas.

El ejercicio de la acusación generalmente es asumido por abogados al servicio de las fiscalías, entidades que representan a un Estado y actúan en su nombre y el de sus ciudadanos. En este caso los abogados penalistas  son nombrados en el cargo de fiscales especializados por un Fiscal General, a su vez elegido por instancias gubernamentales. Cada país tiene sus propias normas para la elección o la juramentación de fiscales, así como sus códigos de procedimiento para adelantar acciones penales contra sus nacionales o contra extranjeros que incurran en actos delictivos en sus territorios.

Cuando se trata de la defensa de un ciudadano, los abogados penalistas se constituyen en “parte” de un proceso cuando son designados libremente por sus clientes, y son éstos quienes les abonan sus honorarios. En los casos en que un ciudadano no está en capacidad para sufragar los costos de una defensa, las entidades públicas que gestionan la justicia pueden designar para su defensa a un abogado “de oficio”, y en estos casos el Estado o una entidad de Derecho Público asume la cancelación de los honorarios.

Entre las funciones generales de un abogado penalista están el asistir a las personas que son detenidas en estaciones de policía o en juzgados, el solicitar la práctica de pruebas en el curso de un proceso, el solicitar o exigir su presencia en la práctica de las mismas, el presentar escritos de calificación de ellas, el presentar los diferentes recursos legales que estime necesarios de acuerdo con el ordenamiento jurídico en defensa de los intereses de sus defendidos, el asistir a sus representados patrocinado en las sesiones que se realicen como parte de los procesos de juzgamiento, y el asistir a sus representados durante la ejecución de la o las penas que le sean impuestas.